Según la Defensoría del Pueblo, hay más de 500 autos retenidos en causas judiciales o por infracciones municipales. Los líquidos que eliminan se filtran en el terreno. Originan un foco de contaminación que afecta a los habitantes de un asentamiento.
Un cementerio de autos de la Policía Federal ubicado en terrenos de la Reserva Ecológica Costanera Sur y a escasos metros de la villa Rodrigo Bueno pone en peligro la salud de 500 familias y atenta contra la preservación de la reserva natural más importante de la ciudad. Una actuación de la Defensoría del Pueblo intimó a las autoridades porteñas y de la fuerza policial a “desactivar” el depósito de chatarra donde –según el relevamiento realizado– hay “587 vehículos afectados a causas judiciales o secuestrados por infracciones municipales que contaminan un territorio protegido por la ley como reserva medioambiental”.
Además, la Defensoría recomendó que “se determine el estado de contaminación del suelo y, de ser necesario, se adopten medidas que lo remedien”. Y reclamó a la cartera sanitaria que evalúe los posibles daños que pudieron sufrir las familias que se alojan en las inmediaciones del depósito de chatarra, así como la atención de las patologías derivadas de esta problemática.
Desde el gobierno comunal aseguran que “los terrenos fueron cedidos hace más de diez años” y que se está “trabajando para resolver el problema”. Voceros de la Federal admiten el problema, pero responsabilizan a la “Justicia por la lentitud con la que se resuelven las causas”.
La actuación se originó el 22 de octubre de 2008, a raíz de la denuncia presentada por el doctor Joaquín Bovisio, médico sanitarista e integrante de la Comisión de Salud de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). El depósito de vehículos denunciado por los habitantes de la villa está ubicado en la entrada del asentamiento a 1.800 metros de la avenida España y a escasos metros de las lagunas de Los Patos y Los Coipos, que integran la Reserva Natural Costanera Sur, un área protegida por la legislación vigente, por su significativa contribución a la conservación de la diversidad biológica.
“Vinieron de la Comisaría 22ª y apilaron todos estos autos, chocados, quemados, y ocuparon todo el predio. Ahora el problema es que se llena de ratas, víboras, todo tipo de insectos, a la noche y los días de lluvia, sale un olor terrible de todos esos coches, y es un olor tan fuerte que hace doler la cabeza”, dijo una vecina del asentamiento.
El 12 de enero, una inspección ocular efectuada por funcionarios de la Defensoría constató que el depósito continuaba en funcionamiento y confirmó la existencia de centenares de automotores y otros vehículos apilados, hierros, autopartes y chatarra. “Todo este material se encuentra alojado en contacto directo con la tierra sin que medie construcción en altura o carpeta de cemento u otro material aislante que disminuya los riesgos de contaminación ambiental”, dijeron los inspectores. “Al degradarse, los automotores liberan combustibles, lubricantes, líquidos para freno o refrigerantes que –al igual que los neumáticos, las baterías, los sistemas de aire acondicionado y otras partes del automotor– contaminan el ambiente”, completaron.
Voceros de la Policía Federal aseguraron a Crítica de la Argentina que “el predio fue cedido por el gobierno municipal hace más de diez años” y que “bajo ningún punto de vista se ha cometido un acto ilegal de intrusión”. Para la fuerza el problema es de “la Justicia que no tiene mecanismos dinámicos para resolver las causas que obligan a acumular estos automotores siniestrados”.
“Somos conscientes de que esta acumulación de chatarra provoca inconvenientes ambientales y de salud, pero no es responsabilidad de la institución, porque somos sólo un eslabón en la cadena con respecto al deber de cuidado”, aseguraron las fuentes consultadas.
Desde el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la ciudad confirmaron que “el depósito de autos fue cedido de palabra hace más de diez años a la Policía Federal” y aseguraron que “no se está autorizando el ingreso de más automóviles judicializados mientras se analiza dónde se van a reubicar esta chatarra”. Según los voceros, “la fuerza policial reclamó este predio como una manera de detener el avance del asentamiento Rodrigo Bueno”. Y confirmaron que “las autoridades sanitarias efectúan regularmente estudios de contaminación y control de plagas para evitar que se propaguen enfermedades”.
Fuente: www.criticadigital.com